José Adriano Anaya
Son prácticamente seis meses de espera para que se instale el nuevo gobierno,
en este período de tiempo, Chiapas se quedará sin
gobierno, como ha estado en los últimos cinco años y seis meses, con una agravante, el poder de la delincuencia organizada ha crecido y controla gran parte del territorio y esta presencia de la delincuencia se va a incrementar, porque busca crear condiciones de ventaja, frente al nuevo gobierno que no termina en constituirse y la violencia prevaleciente lo debilita, pues finalmente el crimen organizado tiene posiciones importantes en la estructura de la administración, que hasta este momento no le han removido sus piezas.
La podredumbre de la administración de Rutilio Escandón no solo consiste en la entrega del Estado a la delincuencia sino en los niveles extremos de corrupción, en el que más del 80% de los contratos se asignaron de manera directa a empresas y personas ligadas al grupo Tabasco,
muchas de ellas empresas fantasmas que no han sido investigadas pese a las denuncias difundidas en medios nacionales. La corrupción es
de tal magnitud que entre un grupo de funcionarios de la administración decidieron regalarle una casa a Rutilio Escandón en Los Cabos, Baja California Sur, lugar en donde
pretende establecer su próxima residencia a la conclusión de su fallido gobierno.
Es en esta administración en donde se produjeron los mayores actos dcorrupción, que enriquecieron de manera inimaginable a funcionarios que no tenían nada y ahora son
millonarios, que les permite tener inversiones en otros lugares. El enriquecimiento de personajes como Julio Rincón Fernández o Javier Jiménez Jiménez, resulta ofensivo en este gobierno que presume de haber combatido la corrupción, cuando son el claro ejemplo del enriquecimiento inexplicable de los funcionarios. La construcción de hoteles en la Península de Yucatán, las inversiones inmobiliarias en Mérida, la compra de propiedades y ranchos a nombre de yernos, hijos y prestanombres son una realidad inocultable, que debe ser investigada y
castigada en el próximo gobierno.
La depredación presupuestal que sufre Chiapas con sus gobiernos debe tener un alto, porque nunca como en esta administración, que está por concluir, se dio un saqueo sin límites, a tal grado que RutilioEscandón hizo todo a su alcance para dejarlos con fuero y tuvieran protección los próximos tres años, como si el fuero es una garantía de impunidad, cuando existe un procedimiento constitucional para retirar el fuero y someter a los funcionarios corruptos a la justicia, como debe suceder con el Dr. Pepe Cruz, quien saqueó el sector salud y es el responsable directo de cientos de muertos en la pandemia de Covid, que no recibieron atención médica y cuyos datos de fallecimientos fueron maquillados y ocultados para colocar a Chiapas como la entidad
que mejores resultados de salud tuvo en el país.
La misma situación vive Ángel Torres, a quien le regalaron la presidencia de Tuxtla, que lo convierte en pieza frágil por los actos de corrupción cometidos en contra de empresas y negocios chiapanecos con tal de beneficiar a empresas tabasqueñas, en su paso por el DIF y la secretaría de obras, que hicieron de Chiapas la
caja chica del grupo Tabasco, grupo político que no le importó dejar a Chiapas saqueada y en manos de la delincuencia organizada.
En Pocas Palabras... 