José Adriano Anaya
La inseguridad es en este momento el principal problema que más
afecta a la población, por eso, los dos nombramientos que mayor cuidado
debe tener por parte del próximo
gobernador es el del fiscal del Estado y el del secretario(a) de seguridad pública, pues a partir de estos nombramientos se va a evaluar la seriedad y el compromiso del próximo gobierno, que va a encontrar socialmente destrozada la entidad y con un amplio territorio bajo el control
del crimen organizado, que sobre la base de los hechos, tiene el control político de municipios y de los cuerpos policiales, quienes le otorgan impunidad.
Son muchas las personas que manifiestan tener ya el compromiso con el próximo gobernador para ocupar la fiscalía del Estado, que de pronto se convirtió
en el mayor botín, por la enorme cantidad de recursos ilícitos que esta dependencia recibe por parte de la delincuencia organizada.
Esta intención que prevalece en los aspirantes a ocupar la fiscalía representa un hilo muy delgado entre la continuidad y el cambio en materia de seguridad en el
próximo gobierno, debido a que mantener el estado de cosas de extorsión y violencia no tiene mayor complicación, cualquiera puede ocupar este cargo, pero si la voluntad del gobernante es cambiar esta situación, ¡cuidado!, el nombramiento de fiscal va a requerir un examen cuidadoso porque ahí se encuentra el anuncio de cambio y transformación prometido para los próximos años.
El principal problema del aparato público respecto a la inseguridad es la complicidad que prevalece entre funcionarios y delincuencia, que llegó a tal punto, que lo mismo recibe recursos del Cártel Jalisco (hoy Cártel Chiapas-Guatemala) que del Cártel Sinaloa, situación que rompió la hegemonía y el control de un cártel sobre otro y ocasionó la guerra que se vive en estos momentos en varios puntos de
la entidad y que se refleja en la violencia y ejecuciones que la población percibe de manera cotidiana y que pone en riesgo su seguridad personal, familiar y de sus bienes.
Por eso el primer paso a seguir si se quiere regular la violencia y la inseguridad que hay en Chiapas, es eliminar esta red de
corrupción que prevalece entre los funcionarios de la fiscalía, la secretaría de seguridad, las presidencias municipales y todos los cuerpos policiales, que mande la señal de que se acabó el pacto de
complicidad, corrupción e impunidad, que prevalece entre el gobierno y el crimen organizado.
La segunda decisión, estrechamente ligada al primer paso, es que ninguno de los que han participado en la complicidad,
corrupción e impunidad puede ocupar un cargo en el área de seguridad, porque eso significa reproducir la red de macrocriminalidad entre el gobierno y la delincuencia organizada, en donde se envía la señal del gatopardismo, cambiar para que todo siga igual.
En Pocas Palabras... 